La Autoridade da Concorrência portuguesa, ante la sospecha de conductas anticompetitivas, ha realizado inspecciones en los locales de de siete empresas portuarias situadas en los puertos de Lisboa, Setúbal, Sines y Viana do Castelo.
El regulador sostiene que podría haber indicios de un posible cártel de reparto de mercado en el sector de los servicios portuarios, lo cual es contrario tanto a la la Ley de la Competencia portuguesa, como al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
No obstante, el hecho de que se hayan realizado las mismas no prejuzga el resultado de la propia investigación ni significa que las empresas sean culpables de comportamiento anticompetitivo.
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