Diez años después de la decisión de 24 de enero de 2007, por la que la Comisión impuso multas por un importe total de 750,71 millones de euros a veinte sociedades europeas y japonesas por su participación en el cártel de los conmutadores con aislamiento de gas (GIS) entre 1988 y 2004.
Las empresas sancionadas habían alcanzado un acuerdo para coordinar su actividad comercial a escala mundial y elaboraron un sistema de cuotas cuyo fin era determinar las partes de mercado que cada grupo podía repartir entre sus miembros. Según la Comisión, los participantes en la práctica colusoria también alcanzaron un acuerdo no escrito para reservar el mercado europeo a las empresas europeas y el mercado japonés a las empresas japonesas.
Las multas impuestas a Toshiba y Mitsubishi Electric ascendían respectivamente a 86,25 millones de euros y a 113,92 millones de euros. A esas dos multas se añadía un importe de 4,65 millones de euros que las dos sociedades japonesas debían abonar con carácter solidario. Ese importe correspondía a la infracción cometida por TM T & D Corp., una sociedad cuya titularidad estaba repartida a partes iguales entre Toshiba y Mitsubishi, mediante la cual Toshiba había ejercido su actividad en materia de GIS entre octubre de 2002 y abril de 2005.
Mediante sentencias de 12 de julio de 2011, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó la participación en el cártel pero anuló las multas impuestas a Toshiba y Mitsubishi, por considerar que la Comisión había vulnerado el principio de igualdad de trato al calcular esas multas. Las sentencias del Tribunal General fueron confirmadas por el Tribunal de Justicia en una sentencia de 19 de diciembre de 2013.
Después de este periplo judicial, la Comisión recalculó las multas impuestas a Toshiba y Mitsubishi y las fijó respectivamente en 56,79 millones de euros y en 74,82 millones de euros. A ello se añade el importe que deben abonar con carácter solidario ambas sociedades que la Comisión fijó nuevamente en 4,65 millones de euros.
En el año 2016, el TG confirmó los importes calculados por la Comisión Europea. Mitsubishi no interpuso recurso de casación por lo que la multa impuesta a Mitsubishi (79,47 millones de euros —de los cuales 4,65 millones de euros deben abonarse con carácter solidario con Toshiba) se convirtió en firme. Toshiba, por el contrario, sí interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General.
Con esta última sentencia concluye el periplo, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto por Toshiba. La multa impuesta por la Comisión a Toshiba (61,44 millones de euros —de los cuales 4,65 millones de euros deben abonarse con carácter solidario con Mitsubishi) también se convierte en firme.
Fuente: CURIA
